Webhipotecas: Hipotecas baratas
27
ago

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha presentado ante la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, una propuesta de moratoria hipotecaria para, al menos, 3 años, ampliables a otros dos, en la misma línea de la que presentó hace unos meses ante el Congreso de los Diputados.

ADICAE pretende así evitar la situación caótica que se está produciendo con familias desahuciadas sin ningún ingreso con el que poder sobrellevar el día a día, pero con tremendas deudas ante las entidades financieras, por el restante de sus hipotecas, lo que evita que puedan plantearse el comenzar de nuevo.

La propuesta incide en todas aquellas familias que se hayan visto obligadas a dejar de pagar hasta un mínimo de tres recibos hipotecarios por motivos económicamente objetivos como pueden ser un período alargado de desempleo, una reducción neta de jornada laboral o de salarios, así como tener a cargo a personas dependientes.

De esta manera se cubriría un amplio espectro de la sociedad española con problemas, lo cuál permitiría que estas familias pudieran salir adelante sin verse ahogados por las cuotas hipotecarias o por el yugo del embargo hipotecario y posterior desahucio, porque la propuesta incluye la paralización de todos los embargos ya iniciados, así como de los procesos judiciales en curso.

ADICAE propone que esta medida sea aplicable a todas las hipotecas hasta 200.000 euros, con posibilidad de incrementarse hasta los 300.000 euros, en determinadas circunstancias, con lo que no habría limitación real en el valor de la hipoteca.

Por su parte, fuentes del Gobierno se aferran al Decreto Ley que se aprobó en 2008, en virtud del cuál se aprobaba una moratoria hipotecaria similar. Sin embargo, a pesar de que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) fue dotado con hasta 6.000 millones de euros para cubrir este decreto, lo cierto es que apenas 73 hipotecas se han beneficiado del mismo.

ADICAE sostiene que ello se debe a que no se trataba de una moratoria pura, sino que era más una carencia encubierta, lo cuál ha propiciado que no interesara su aplicación ni a las entidades financieras ni a los propios titulares hipotecarios.

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