Webhipotecas: Hipotecas baratas
06
sep

Según un informe de la Organización de Consumidores, OCU, los notarios y registradores de la propiedad españoles no están respetando las nuevas tarifas estipuladas por el Gobierno en un Real Decreto del año 2007, y están inflando sus facturas de manera desmesurada, a juzgar por el análisis de las cancelaciones hipotecarias realizadas durante el año 2010.

Sólo con los datos del año 2010 la OCU calcula que los notarios y los registradores de la propiedad habrían cobrado hasta un total de 93 millones de euros de más sobre la tarifa que debían de haber cobrado por sus servicios.

Así la tarifa del notario por una cancelación hipotecario es una cantidad fija de 30,05 euros, independientemente del valor de la hipoteca que se va a cancelar, lo cuál añadiendo diferentes conceptos que pueden cobrarse en una notaría arrojaría facturas que no deberían superar los 70 euros para hipotecas de unas 10 páginas. Sin embargo, la media de las facturas analizadas por la OCU ascendían a 260 euros.

Por otro lado, los registradores de la propiedad, en virtud de este Decreto de 2007, deberían de cobrar 2,40 euros por una cancelación hipotecaria, lo cuál añadiendo el resto de conceptos facturables en el proceso de cancelación hipotecaria, podría hacer ascender la factura hasta 24 euros. Sin embargo, la media de las facturas comprobadas por la OCU ascendía a 144 euros.

Ello ha hecho que la OCU haya denunciado estos hechos ante el Ministerio de Justicia, solicitando que los técnicos del Ministerio tomen cartas en el asunto e impidan que se siga produciendo este abuso, a la vez que instan para que se devuelvan las cantidades cobradas de más a los clientes que han sufrido esta sobrefacturación injustificada a todas luces.

Hay que tener en cuenta que el Decreto aprobado por el Gobierno tenía la intención de abaratar los costes de los trámites que afectaban a la formalización o cancelación de una hipoteca, con el objetivo de hacerlos más asumibles para el conjunto de la sociedad, y el hecho de que los notarios y los registradores de la propiedad estén facturando muy por encima de las cantidades que deberían, está provocando la indefensión del ciudadano y la pérdida de la esencia del Decreto.

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